La desinformación digital y su impacto en campañas políticas.

Las nuevas formas de comunicación han permitido que la mayor parte de la población tenga acceso a convertirse en emisores de información de diferente índole, aportando de esta manera un sin número de contenido en línea.

Si bien es cierto, la comparativa entre los medios de comunicación tradicionales y una realidad paralela como lo son las redes sociales contextualiza su enfoque en la construcción de la información; ya que la inmediatez de cómo se obtiene la información a través de los medios digitales, en la cual la poca o nula supervisión y rigidez que se necesita para transmitir un mensaje, permite que permita crear sentido crítico entre el público, con el fin de enfrentar los riesgos asociados a la manipulación de la información.

La desinformación no es un tema de preocupación novedosa. Durante mucho tiempo, los Estados han promulgado leyes para combatir la propagación de falsedades, por ejemplo, en cuestiones como la difamación, el fraude, la publicidad falsa y el perjurio.

La Unión Internacional de Telecomunicaciones y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para describir contenidos falsos o engañosos que pueden provocar un daño específico, independientemente de las motivaciones, la conciencia o los comportamientos y la Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión define igualmente la desinformación como “información falsa que se difunde intencionadamente para causar un grave perjuicio social”.

Esta evolución de la era digital ha provocado que a nivel mundial los y las políticas vean en los medios digitales una forma de llegar de manera más orgánica y directa a los electores, pero también ha servido para la mala utilización de estos recursos en detrimento de sus adversarios.

Sin embargo, el esfuerzo institucional que debe llevar a cabo los diferentes entes electorales va a tomar un rol de suma importancia en ejercer coerción en la propagación o violación de su regulación electoral.

Por ende, es necesario la promoción de la Alfabetización digital en donde los usuarios y usuarias se vean comprometidos con la responsabilidad que conlleva ser transmisores de información y constatar la veracidad de esta.